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Internet es para todos

"Internet es para todos". Ese es el objetivo a cumplir que guía el accionar de Internet Society: que la red sea, efectivamente, para todos.

En Argentina Internet es para unos pocos: el 2,1 por ciento de la población tiene acceso a sus servicios. Además, ese pequeño universo corresponde a los sectores de mayores ingresos. El desarrollo de Internet alcanza casi de manera exclusiva al segmento ABC1 de la población y su penetración es una de las más bajas de la región.

Esta situación está sentando las bases de lo que denominamos una Brecha Digital: una distancia radical entre quienes tienen y quienes no tienen acceso a la red y a las tecnologías de la información.

Actualmente los sectores de menores recursos no tienen acceso a estas tecnologías en el ámbito educativo. Esto establece una carencia difícil de sortear en el futuro. Lo que no se haga en la escuela hoy afectará de manera profunda el desarrollo futuro de las personas.

Las escuelas, bibliotecas públicas, e instituciones intermedias, en general, no están conectadas. También es grave el desfasaje existente entre el polo con centro en la ciudad de Buenos Aires y el interior del país.

La problemática de la brecha digital es una cuestión mundial que afecta a todos los países, pero en aquellos que sufren una severa crisis social como la Argentina, cobra mayor gravedad. Incluso en los Estados Unidos, donde el desarrollo de estas tecnologías está muy avanzado, el presidente Bill Clinton ha declarado frente al Congreso su preocupación por las áreas que han quedado fuera de la explosión de Internet 1.

El gran desafío de la revolución democratizadora de Internet es no convertirse en el paradigma de un nuevo elitismo.

Internet no tiene que ver con tecnología. Internet tiene que ver básicamente con la distribución democrática del capital informacional y con el acceso a la cultura y al saber.
La brecha digital, íntimamente relacionada con la distancia entre ricos y pobres, desvirtúa el espíritu auténtico de esta tecnología y sienta las bases de una nueva forma de elitismo. El ataque a los derechos básicos de la persona y el aislamiento del sistema social de manera profunda son las consecuencias de esta nueva clase de analfabetismo.

El artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que "toda persona tiene derecho a tomar parte libremente de la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resultan". El artículo 22 de la misma declaración dice: "Toda persona [...] tiene derecho a [...] obtener [...] la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad".

A su vez, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en su artículo 12 declara: "Toda persona tiene derecho a la educación [...] Asimismo tiene el derecho de que, mediante esta educación, se le capacite para lograr una digna subsistencia, en mejoramiento del nivel de vida y para ser útil a la sociedad". Es claro que una brecha digital como la que describimos vulnera estos derechos básicos del ser humano incorporados a nuestra Constitución Nacional.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece claramente las responsabilidades de todos las personas para el efectivo cumplimiento de lo que declara. En su artículo 1 dice: "Todos los seres humanos [...] deben comportarse fraternalmente los unos con los otros". Esto obliga a todos los ciudadanos de recta conciencia a favorecer el democrático acceso a los bienes de la cultura -entre ellos Internet y las tecnologías de la información- que permita un desarrollo equilibrado de las personas y la comunidad.

El sector privado y las instituciones intermedias también tienen la posibilidad de favorecer el desarrollo del país a través de estas tecnologías.

No obstante, el estado debe ser el principal propulsor de este desafío y el actor vital que impida el establecimiento de una brecha digital entre ricos y pobres, entre quienes tienen acceso y quienes no lo tienen a los recursos informativos.

La Constitución Nacional establece en su artículo 75, inciso 18, sobre las atribuciones del Congreso, que le corresponde: "Proveer lo conducente a la prosperidad del país, el adelanto y bienestar de todas las provincias, y al progreso de la ilustración...". El mismo artículo en su inciso 19 dice: "Proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social...".

Por eso, es de esperar una actitud proactiva del Congreso Nacional para favorecer el desarrollo de Internet en la Argentina, con un equilibrio democrático. Este desafío es igualmente comprometedor para el resto de los poderes del estado.

Nota 1: En diciembre de 1999 Bill Clinton declaró: "Debemos conectar a todos nuestros ciudadanos a Internet, no sólo en las escuelas y bibliotecas [vale aclarar que en Estados Unidos el índice de conexión de escuelas y bibliotecas es muy alto], sino en las casas, en los pequeños negocios y en los centros comunitarios; y debemos ayudar a todos los americanos a obtener las habilidades necesarias que necesitan para sacar el mejor provecho de la conexión". A comienzos del 2000 la administración Clinton destinó US$ 2.000 millones a un programa para permitir a todos los ciudadanos de ese país disponer de acceso.

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